Desde hace algunos años se ha implantado una nueva costumbre nacional en el país, teniendo como fecha de celebración: el inicio de año y como centros de peregrinaje: el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Hasta allí llegan religiosamente en enero al menos unos 500 “cortadores” y “palaneros” de caña desde algunos ingenios azucareros de Chiclayo con el objetivo de exigir – a viva voz – que se apruebe un beneficio, conocido como la ley de protección patrimonial, la que blinda a las empresas en las que trabajan de cualquier tipo de embargo. Pero, ¿Qué hay detrás de esta demanda que moviliza cada año a cientos de hombres a la capital? Y ¿En qué medida les favorece a éstos la vigencia de este dispositivo?
Por Marco Gutiérrez Canales
DURMIENDO EN LA PLAZA DOS DE MAYO POR MÁS DE 100 DÍAS
La primera noche que intentaron dormir en la Plaza 2 de Mayo, no pudieron. La humedad que se encontraba en el ambiente penetraba sus huesos. El frío del pavimento compuesto por ladrillos rojos, sobre el cuál descansaban, les rememoraba el calor ardiente de las tierras del Norte donde trabajaban como “cortadores” y “palaneros” de caña en los ingenios azucareros de Tumán, Pomalca y Cayaltí, ubicado en Lambayeque.
Todos ellos – al menos unos 500 hombres – vivían atrincherados en ese óvalo, situado en pleno corazón del centro de Lima, desde que llegaron, procedentes de Chiclayo, la mañana del 11 de enero del 2011, para protestar contra la decisión del presidente de la República, Alan García, quien se había negado a prorrogar por octava vez la Ley de Protección Patrimonial; la que - según algunos especialistas- blindaba literalmente a esas tres empresas cuyos directorios son manejados por el Grupo Oviedo, pese a las deudas millonarias que tienen con la Sunat, ONP y Essalud.
Los trabajadores azucareros permanecieron allí, , durante más de cien días, durmiendo en pequeñas carpas prefabricadas, construidas con cartones viejos, palos y plásticos, en un campo abierto- como si fuesen náufragos en una pequeña isla de cemento - , soportando estoicamente el hambre, la soledad y el rugido estridente de los carros que circulaban por los alrededores.
Todo esto lo sabe muy bien Juan Castillo, un hombre de chacra, de aproximadamente 50 años, quien vivió en carne propia día tras día esa odisea. A él lo encontré un medio día de otoño sentado en una banca de madera, leyendo un diario local, bajo la imponente escultura de la Plaza 2 de Mayo; tres días después de que se aprobara la llamada “ley Oviedo” en el Congreso de la República, tras más de tres observaciones. En plena Semana Santa, visite el lugar para conocer la realidad - de primera mano- de estos hombres.
A primera vista, a Juan se le veía más tranquilo y hasta un poco alegre, siempre mirando un letrero que decía: “por el bien de nuestras familias, sí a la protección patrimonial. No al grupo Gloria". Sin embargo, me había equivocado pues cuando empezó a contarme su testimonio, sus ojos se humedecieron, su voz se entrecorto y en algunos momentos no pronunciaba palabra alguna.
Poco antes, me invita a sentarme en una banca y dice:
-Por fin hemos ganado nuestra lucha, después de pasar momentos inciertos desde nuestro arribo a la Capital.
-¿Qué significa está victoria para ustedes? - le pregunto.
-Significan días de sacrificios tanto de nosotros como de nuestros dirigentes sindicales, Demetrio Ruiz, y, Jorge Chero Cabrera, quienes tuvieron que tocar muchas puertas como la del Parlamento y la Municipalidad de Lima para que esto se cristalice - asegura.
Los trabajadores azucareros permanecieron allí, durante más de cien días, durmiendo en pequeñas carpas prefabricadas, construidas con cartones viejos, palos y plásticos, en un campo abierto, soportando estoicamente el hambre, la soledad y el rugido estridente de los carros que circulaban por los alrededores.
- Pero el grupo Oviedo no ha pagado ni un sol desde que ha asumido el directorio de esas empresas, de acuerdo al congresista Víctor Andrés García Belaunde - le recuerdo.
- No ha podido hacerlo porque está invirtiendo en infraestructura y en las parcelas de caña- responde.
- ¿Y por qué no quieren trabajar con el grupo Gloria? - le interrogo nuevamente.
- Pues si ellos compran acciones en estos ingenios, serán los dueños absolutos de las haciendas azucareras en todo el país. De momento, los socios mayoritarios de las estas tres empresas son los trabajadores y las viudas que representan el 63% del total”- manifiesta.
Juan se ve más viejo de lo que es en realidad. Su rostro reseco está cubierto por un color mestizo oscuro que parece haberse instalado en la cara de todos aquellos que habitaron esta histórica plaza por más de tres meses. Su pelo canoso corona los apenas 1,52 metros que mide, y sus manos parecen las de una corteza de árbol muerta: resecas, venosas y pequeñas. Nació en Chiclayo, como la mayoría de los que arribaron - con él - para protestar y hacer marchas.
Bajo el cielo gris de Lima, su voz chillona se mezcla con el ruido que hacían los motores de algunos autos y combis que transitaban por el lugar, mientras me contaba todos los pormenores de esta travesía. En medio del diálogo, llega - adonde conversábamos - Jorge Chero Cabrera, líder de una de las facciones gremiales. Eran aproximadamente las 12:30.
- ¿Dé que medio eres? ¿No serás un soplón que trabaja para el grupo Gloria?- me pregunta, con cierta ironía.
- No. Soy de la revista Gente - le digo seriamente, al sacar un viejo carnet de prensa para salir del paso.
Por la mañana, él había ido a un centro financiero a sacar dinero para pagar los alimentos y los pasajes de algunos de sus compañeros, quienes estaban listos para partir hacia sus casas a fin de reencontrase con sus hijos y esposas.
Con una voz gruesa y a sus 49 años a cuestas, me explica que la ley de protección patrimonial lo único que hace es salvaguardar sus fuentes de trabajo. “Sin ella, el Estado nos embarga nuestras empresas y algunos acreedores que han aparecido - no sé de donde- nos denuncian por deudas ficticias”, agrega.
- ¿Es cierto o no la denuncias del congresista Víctor García Belaúnde, quien ha señalado que el Grupo Oviedo financió el traslado de los cientos de trabajadores que invadieron Lima?- lo interpelo.
-No. Es una mentira. Sabemos que a él le paga el Grupo Gloria para que haga ese tipo de comentarios. Los trabajadores, como socios mayoritarios de estas empresas, pagamos nuestros víveres y viáticos. “Hemos luchado por nuestra familias y por nadie más,” añadió, mientras criticaba a las personas que decían que los trabajadores eran usados por Edwin Oviedo.
-Entonces, ¿Con que dinero financiaron sus viáticos y su estancia en la Capital, si dicen que las empresas están en crisis?- lo cuestiono.
- Me dice: los pasajes los compramos con recursos económicos que salieron de nuestros propios bolsillos, mientras que los gastos de nuestra permanencia en el Centro de Lima lo hicimos con la venta de azúcar en la Plaza 2 de Mayo. "Nosotros - como habrás visto- ofertamos el kilo de este producto a 2 nuevo soles, la que fue demanda por decenas de amas de casa que se acercaron a comprar ", agrega.
- Sí, pero la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, les prohibió la comercialización del azúcar por no tener autorización sanitaria - le recuerdo.
- En efecto, lo hizo al argumentar que la venta de cualquier producto está vetado en la vía pública- lo admite. "Están transgrediendo las normas de mi jurisdicción, la que debe ser igual para todos", nos decía cuando nos reuníamos con ella.
“Los pasajes los compramos con recursos económicos que salieron de nuestros propios bolsillos, mientras que los gastos de nuestra permanencia en el Centro de Lima lo hicimos con la venta de azúcar en la Plaza 2 de Mayo”
Durante una entrevista, realizada a la burgomaestre en un edificio en San Isidro sobre este tema, me decía con una sonrisa a flor de labio: “Yo, en verdad, no quiero muerdos. Yo quiero que las cosas se desarrollen con tranquilidad. Por eso les di un plazo hasta el 14 de abril para que se queden, luego de que ellos argumentaran que todas las fuerzas políticas estaban comprometidas en sacar tal ley.” Además me cuenta – al bajar unas escalinatas - que ella se opuso a raja tabla que los manifestantes ocupen el ornato de la plaza.
-¿Por qué se opuso a la venta de azúcar en la Plaza 2 de Mayo?- le pregunto-.
- Nadie puede ofertar un producto en un espacio público, si no tiene autorización, por eso que no estamos de acuerdo con el comercio informal. Nosotros le dijimos eso a ellos a través de una carta y personalmente”, - me explica.
En este contexto, Susana Villarán respeto dicho acuerdo hasta el milímetro ya que no intervino - para nada - durante todo el tiempo que duro la protesta. Se mantuvo siempre al margen. Sin embargo, - de vez en cuando - mostraba su molestia, al igual que muchos vecinos de la "Ciudad de los Reyes", tras observar el caos que generaban los al menos 500 manifestantes en las principales avenidas del Centro de Lima; cuando iban hacia el Congreso de la República con el fin de hacer sentir su voz hasta el hemiciclo, en el que – usualmente – se debatía el futuro del dispositivo que solicitaban. Con insultos tanto al grupo Gloria como al congresista de la bancada de Alianza Parlamentaria, Víctor García Belaúnde, opositor acérrimo de la norma, esperaban alguna respuesta positiva frente a la Biblioteca Nacional, tras ser detenidos por un gran contingente de miembros de la policía.
Al ser consultado sobre este tema, Jorge Chero, sostiene:
- las diferentes movilizaciones que hicimos fueron necesarias para logar que la ley de protección patrimonial sea aprobada en el Legislativo. Sin estos reclamos, el Perú no habaría conocido la realidad que viven nuestros hermanos azucareros en Chiclayo."Por primera vez, hicimos sentir nuestra voz", dice al suspirar profundamente como si se liberara de un problema grande que lo tenía secuestrado.
ntras converso con él se dibuja en mi mente los gestos adustos que hacía éste hace algunas semanas frente a las cámaras de televisión, al criticar de sobremanera al Jefe de Gobierno porque se negaba a escuchar los pedidos que hacían los trabajadores. Aquel día, fue la primera vez que lo vi a través de las pantalla de un televisor en cuyas imágenes presentaba a sus 30 compañeros que iban a someterse rigurosamente a una huelga de hambre - como una medida de protesta - al interior de sus carpas.
- ¿Cuánto tiempo duraron las personas que se sometieron a esta medida? - le pregunto.
- Me responde con orgullo, sacando el pecho: 19 días. Durante todo ese periodo de tiempo, sólo consumieron agua. No te sorprendas - muchacho-, ellos son hombres de provincia. Son resistencia y fuertes.
- ¿Hubo vidas que lamentar? - le repregunto.
- No. Aunque tres de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital Loayza, ubicado a tres cuadras del lugar, con graves síntomas de deshidratación y enfermedades gastrointestinales.
- Rinnnnn...rinnnnnnnn....rinnnn, sonó su teléfono móvil cuando me narraba con lujo de detalles que los hombres que no se alimentaron durante esa “Vía Crucis”, como lo calificó, bajaron más de 12 kilos de peso. Antes de ir a contestar su celular a un costado de la mesa, se disculpa y me dice:
- Es una llamada privada, regreso en un momento.
Mientras que él se ausentaba, retome la conversación con Juan Castillo, quien - a mi costado - estaba vestido con una camisa rota, unos pantalones viejos y unos zapatos agujereados.
-¿Con qué dinero se han mantenido aquí durante más de tres meses? - le pregunto.
- Con el poco dinero que nos enviaban de Chiclayo- me informa, al precisar que cada semana recibían 80 nuevo soles, de parte posiblemente del Grupo Oviedo, para sus gastos personales (baños, ducha, etc.).Sin embargo, cuando le consulte después a Jorge Chero Cabrera – líder del gremio – sobre este tema me aseguró que nunca se le pagó a nadie.
Durante su estancia, desayunaron franciscanamente un vaso de té con dos panes con queso o aceituna, almorzaban – en ocasiones – un plato con arroz con pollo, caucau, entre otros. Y por la noche, no cenaban. “hemos pasado las de Caín", sostiene. Es más, precisa que para que no les faltasen alimentos iban a los mercados a pedir verdura y carne. “Gracias a Dios que existe las ollas comunes, pues sin ellas no habríamos sobrevivido”, agrega.
Le informó que - en las calles- ahora corre el rumor de que Edwin Oviedo, el socio estratégico de Tumán y Pomalca, pagará muy bien a los que se quedaron, luchando hasta el final, por esta consigna. Y, al respecto, Juan me dice con una sonrisa esperanzadora y unos ojos brillantes: nosotros esperamos que nos den una “propina” por conseguir lo que se quería.
"Por primera vez, hicimos sentir nuestra voz", dice Jorge Chero, al suspirar profundamente como si se liberara de un problema grande que lo tenía secuestrado.
Mientras converso con él se dibuja en mi mente los gestos adustos que hacía éste hace algunas semanas frente a las cámaras de televisión, al criticar de sobremanera al Jefe de Gobierno porque se negaba a escuchar los pedidos que hacían los trabajadores. Aquel día, fue la primera vez que lo vi a través de las pantalla de un televisor en cuyas imágenes presentaba a sus 30 compañeros que iban a someterse rigurosamente a una huelga de hambre - como una medida de protesta - al interior de sus carpas.
- ¿Cuánto tiempo duraron las personas que se sometieron a esta medida? - le pregunto.
- Me responde con orgullo, sacando el pecho: 19 días. Durante todo ese periodo de tiempo, sólo consumieron agua. No te sorprendas - muchacho-, ellos son hombres de provincia. Son resistencia y fuertes.
- ¿Hubo vidas que lamentar? - le repregunto.
- No. Aunque tres de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital Loayza, ubicado a tres cuadras del lugar, con graves síntomas de deshidratación y enfermedades gastrointestinales.
- Rinnnnn...rinnnnnnnn....rinnnn, sonó su teléfono móvil cuando me narraba con lujo de detalles que los hombres que no se alimentaron durante esa “Vía Crucis”, como lo calificó, bajaron más de 12 kilos de peso. Antes de ir a contestar su celular a un costado de la mesa, se disculpa y me dice:
- Es una llamada privada, regreso en un momento.
Mientras que él se ausentaba, retome la conversación con Juan Castillo, quien - a mi costado - estaba vestido con una camisa rota, unos pantalones viejos y unos zapatos agujereados.
-¿Con qué dinero se han mantenido aquí durante más de tres meses? - le pregunto.
- Con el poco dinero que nos enviaban de Chiclayo- me informa, al precisar que cada semana recibían 80 nuevo soles, de parte posiblemente del Grupo Oviedo, para sus gastos personales (baños, ducha, etc.).Sin embargo, cuando le consulte después a Jorge Chero Cabrera – líder del gremio – sobre este tema me aseguró que nunca se le pagó a nadie.
Durante su estancia, desayunaron franciscanamente un vaso de té con dos panes con queso o aceituna, almorzaban – en ocasiones – un plato con arroz con pollo, caucau, entre otros. Y por la noche, no cenaban. “hemos pasado las de Caín", sostiene. Es más, precisa que para que no les faltasen alimentos iban a los mercados a pedir verdura y carne. “Gracias a Dios que existe las ollas comunes, pues sin ellas no habríamos sobrevivido”, agrega.
Le informó que - en las calles- ahora corre el rumor de que Edwin Oviedo, el socio estratégico de Tumán y Pomalca, pagará muy bien a los que se quedaron, luchando hasta el final, por esta consigna. Y, al respecto, Juan me dice con una sonrisa esperanzadora y unos ojos brillantes: nosotros esperamos que nos den una “propina” por conseguir lo que se quería.
Tras ese breve receso, Jorge nuevamente se unió al diálogo.
- La escenificación que hicieron sobre la “Vía Crucis” el jueves 21 de abril fue muy comentada en los medio de información- les indique.
-Sí, a través de esto quisimos decirle a todos los peruanos que nuestra lucha por la ley de protección patrimonial, extendido por más de 100 días, fue como esta representación Católica- enfatizó éste. “Con ello, agradecimos a Dios e informamos a las autoridades que pronto abandonaríamos nuestras viviendas prefabricadas", aseveró.
Dicho melodrama inusual fue transmitido por algunos canales de cable y observado – en directo – por algunos curiosos. Aunque esta actuación no les sirvió para calmar la ira de Susana Villarán, quien los criticó por haber dejado deteriorado todo el ornamento de tal monumento histórico. “Está muy sucio, no hay nada es un terral. Todo esta muy mal y espero que ellos también recolecten dinero y nos paguen”, sentenció muy fastidiada, tras dar un balance.
-Si bien ellos han cumplido en parte su palabra de dejar siquiera el gras, nosotros estamos haciendo “el baldeado, pintado y recolocado del grama” que falta - sostenía la burgomaestre, al informar sobre las acciones que está tomando su cartera para recuperar, lo dañado.
Luego de conversar detenidamente con ambos por más de 2 horas, me despido de cada uno. Sin embargo, el acto fue interrumpido por un policía de tez oscura que felicita a Juan y Jorge por el logro que han obtenido, junto a sus paisanos. “Provecho les van ha pagar muy bien por este trabajito, muchachos”, decía mientras los saludaba con un fuerte apretón de manos.
Al instante, se dibujo en sus rostros una sonrisa. Los deje conversando con el suboficial. Eran las 2 de la tarde con 11 minutos. El sol arrecia en la Plaza Dos de Mayo, pese a que ya era otoño. Y las vías de dicho óvalo están vacías por ser feriado. Al dar algunos pasos, se me cruzo por la mente la frase que me dijo Juan cuando ambos conversábamos: “Espero que el socio estratégico, Edwin Oviedo, nos de una propina por conseguir lo que se buscaba".
LOS MILAGROS DE LA “LEY OVIEDO” EN LA POLÍTICA
Cual San Martín de Porras,
la ley de protección patrimonial, exigida por miles de trabajadores de azúcar, hizo algo que nunca se esperaba observar en el Congreso de la República: ver juntos a los parlamentarios de la bancada del Fujimoristas, del APRA y del Nacionalismo, que tienen ideologías muy contradictorias, remando – por igual – por un mismo objetivo: que Palacio de Gobierno promulgue por octava vez dicha norma.
Toda esta historia comenzó, el 4 de enero del 2011, cuando el presidente de República, Alan García, se opuso tajantemente a prorrogar nuevamente este beneficio que blindaba a las empresas azucareras de Pomalca, Tumán, y Cayaltí para que no sean embargadas por las millonarias sumas de dinero que deben a la Sunat, ONP y Essalud. Frente a las cámaras, el mandatario explicaba –bajo el cielo gris de Lima – que observaba la norma 29299, vencida el 31 de diciembre, porque la consideraba inconstitucional y discriminatorio.
La noticia le cayó como un baldazo de agua fría al grupo Oviedo, que controlaba dos de los tres directorios de las industrias de caña que tenían dicho beneficio – según testigos. Por lo que – de inmediato – habrían ordenado al gerente legal de la Azucarera Pomalca, José Carlos Isla, a que denunciara la medida ante la opinión pública. “La norma sí es constitucional debido a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo declaró anteriormente. Además el mismo García lo promulgó el 16 de diciembre del 2008”, afirmaba al diario Gestión.
Horas después, a la una de la tarde, tras ser rechazado, el dictamen legislativo que pedía la ampliación de este beneficio, cuya aprobación había sido por mayoría en el Pleno del Parlamento a fines de diciembre, ingresaba al área de trámites documentarios del ese poder del Estado. Y está decisión era saludada, por el ministro de Economía, Ismael Benavides, quien desde un inicio mostró su oposición a dicha petición.
En el Legislativo, las bancadas que estuvieron en contra y nunca dieron su brazo a torcer fueron las de Unidad Nacional y Alianza Parlamentaria. “Yo estoy en contra de esa ley porque es un beneficio con nombre propio para un solo grupo privado (Grupo Oviedo)”, expresaba el congresista Carlos Bruce a la prensa en “en el Halls de los pasos perdidos”. Del mismo modo, Víctor García Belaúnde, quien fue insultado por los trabajadores azucareros, denunciaba que este pedido favorecía a los Oviedo. – quiere que el Estado les regalarle sus acciones, sostenía.
Y es que, tanto García Pérez como los legisladores se mostraron en contra debido a que el Grupo Oviedo que administra esos ingenios no había pagado ni un nuevo sol a las empresas con las que tenían deudas, ni a sus acreedores desde que se le había dado la ley de protección. Y no es para menos, pues de acuerdo con los balances generales auditados a Pomalca, el pasivo es de 360,9 millones de soles en el 2005, el que subió a 514 millones de soles en el 2009. La mayor parte de este pasivo corresponde a deudas con los trabajadores y el Estado.
Sin embargo, la gota que derramo el vaso fueron las denuncias que salieron a la luz sobre las presuntas negociaciones que hacia el Grupo Oviedo – a su favor – con el azúcar que se producía en Tumán y Pomalca, donde el Estado tiene el 7% y 32,8% de acciones respectivamente.
Como se explica en la revista PODER Enterprise N° 5 – 2009, dichos ingenios azucareros le vendían tal producto por un precio muy barato a algunas empresas que les compraban en fábrica, que serían del mismo Oviedo. De las cuales, los principales compradores serían Shema S.A.C., manejada por Elvis Oviedo, y D’Líbano, cuyo gerente es Freddy Huamán. “Esta es una práctica común en las empresas”, explicaba Edwin Oviedo, al defenderse por estas acusaciones.
El dirigente de los trabajadores de Tumán, Alejandro Zevallos, en una entrevista denunció que los mayores ingresos por la venta del producto de azúcar se van a la empresa misma del dicho grupo, al asegurar que el dinero ganado no son para pagar al Estado ni para rebajar la deuda laboral, sino para los Oviedo.
Él afirma que las comercializadoras de la familia Oviedo compran cada bolsa de azúcar a 20 soles menos que el precio del mercado. En caso que esto fuese cierto, considerando que entre Pomalca y Tumán se producen 375.000 bolsas mensuales, la diferencia entre el precio de fábrica y el de venta al público es de unos 90 millones de soles al año. Por cierto lo que da más respaldo ha estas denuncias es el estudio que realizó Indecopi en el 2006 y el 2007, en el que se comprueba que Pomalca habría vendido 90% de su producción a empresas del mismo grupo.
A juicio del legislador Víctor Andrés García Belaúnde, esta concentración de las ventas en beneficio del grupo Oviedo se mantiene hasta hoy. Por su parte, Pro Inversión denuncio que actualmente el azúcar de Tumán y Pomalca se vende a las comercializadoras de los Oviedo a 80% del precio del mercado.
Desde que el Grupo Oviedo ingresó el 2005 a la administración de los ingenios del norte del país la deuda total acumulada ha superado los S/.700 millones y se ha multiplicado por diez – de acuerdo a estudios –.
En respuesta a estás cifras y críticas, el gerente general de Pomalca, Antonio Becerril, aseguró que el Grupo Oviedo sí ha invertido en la compañía, puesto que con ello se ha logrado sacar adelante a las azucareras. “Nos preocupa la opinión del jefe de Estado, porque desconoce el esfuerzo y todo el trabajo que se ha realizado. Hemos sacado una empresa de la nada”, dijo.
Sin embargo, la consultora Noles & Monteblanco Asociados, aseguró en el 2009 que en Pomalca y Tumán los Oviedo deben de haber invertido unos 25 millones de soles por una vez, para mejorar las fábricas y sembrar entre las dos unas 5.000 hectáreas adicionales. No obstante – según el periodista de investigación, Ricardo Uceda – en los balances de Pomalca no aparecen nuevas inversiones en los últimos cinco años.
Además, tampoco se conoce lo que el negocio realmente está rindiendo debido a que los trabajadores, socios mayoritarios con al menos el 63% de acciones, y Edwin Oviedo, quien administra el directorio, se han mostrado reticentes a brindar cualquier tipo de información sobre los estados financieros de Pomalca, Tumán y Cayaltí por lo que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) ya le aplicó el 2010 una multa de 341 mil nuevo soles por no entregar oportunamente información sobre sus estados financieros.
Y una muestra de un botón, se dio el año pasado, cuando el contador de Pomalca negó la documentación sobre las ventas a intermediarios. “Esa información no la damos ni de a vainas” escucho un testigo presencial. Para tal diligencia, Pomalca exigía una serie de condiciones.
De acuerdo con la ley que les otorgaba la protección de su patrimonio contra embargos, estas empresas debían presentar al organismo supervisor sus reportes financieros, desde el 2003 hasta 2009.
En ese contexto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó que las deudas de los tres ingenios azucareros se conviertan en acciones (capitalizadas), bajo el sistema concursal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que dichas empresas puedan salir de esa crisis, en la cual están sumidas.
La verdad es que si estás empresas pasan a este órgano regulador, entonces se forma una junta de acreedores – personas naturales o jurídicas a las que se les adeuda dinero –, quienes pasan directamente a administrarlas, es decir son cuasi dueños, hasta que se les pague, tal como sucedió con América Televisión.
EL FACTOR DEL CASTILLO
En cambio el Secretario General del APRA y congresista, Jorge del Castillo, luchó contra viento y marea para que las industrias de este sector no pasasen a manos de las instituciones reguladoras- tal cual lo establece la norma- como Indecopi, entre otros. Para lo cual, se enfrentó “verbo a verbo” contra el presidente Alan García, a quien le pidió que rectifique su veto, luego de que éste a inicios de año ya “le había bajado el dedo” a la también llamada “ley Oviedo”.
“Uno tiene derecho a discrepar para después llegar a acuerdos, pero mi apoyo (a los azucareros) es a título personal. Yo no tengo ninguna razón para estar enfrentado con Alan García”, explicó ante la mirada insólita de cientos de protestantes en la Plaza Dos de Mayo, donde poco antes había criticado a los que pretendían ser dueños de todas las tierras de caña, refiriéndose al Grupo Gloria.
Para el Coordinador general de los trabajadores de Tumán, Jorge Chero Cabrera, el papel que jugó Del Castillo en la lucha por la ley de protección fue fundamental, al indicar que gestionó la norma en el Congreso, juntó firmas de otros congresistas, y los apoyó incondicionalmente desde un principio, sin pedir nada a cambio.
Una de las banderas que usó el también el ex alcalde de Lima, al igual que los trabadores, para que llevar a buen puerto su propuesta fue la amenaza ineludible del Grupo Gloria para apoderase de este sector. “El 90% (de las hectáreas de azúcar del país) no puede quedarse en una sola mano”, enfatizaba al condenar los monopolios.
La otra fue – indiscutiblemente – la situación de miles de hombres de campo del norte del país que – según él – iban a quedar en las calles desempleados. Por lo cual, explicaba que si promulgaba ese dispositivo, iba proteger sus derechos laborales y beneficiaría al Estado a través de la recaudación de impuestos y tributos.
Luego de que se pusieran trabas – fundadas – tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo para que no salga nuevamente a flote la ley de protección patrimonial para las azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, fue aprobada dicha iniciativa el 21 de abril del presente año por mayoría en el hemiciclo del Parlamento: La norma fue ratificada con 71 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, superando el número legal de votos (61) en horas de la tarde, la que prorroga dicho beneficio hasta el 31 de diciembre del presente año.
Ese día, el “Halls de los paso perdidos”, fue literalmente un “ring de box” entre los parlamentarios, tildados de lobbystas, y los congresistas, tal vez más sensatos, debido a se dijeron de todo como sucede cuando se toman decisiones polémicas. En una esquina se encontraba Jorge del Castillo y en la otra Víctor García Belaunde, quienes ni se cruzaron las miradas, pues ambos habían luchado por más de tres mes para que la propuesta de uno o del otro no prosperara. Lo mismo ocurrió con los miembros de algunas bancadas quienes estuvieron a favor – Fujimorista, Nacionalista y Aprista y en contra – Alianza Parlamentaria y Unidad Nacional –.
De acuerdo al abogado y congresista Rolando Souza, dicho dispositivo sí fue inconstitucional porque no se pueden dar leyes o normas con nombre propio, que benefician a un grupo. “las leyes tienen una característica de generalidad, es decir deben regirse para todos, mas no para un individuo”, acota.
Ante la demora del Gobierno Central para promulgar el decreto legislativo, el Congreso lo realizó el 26 abril, acallando así los trascendidos de un posible bloqueo por parte del Ejecutivo.
De este modo, quedo prorrogada la llamada “Ley Oviedo” hasta el 31 de diciembre del presente año, condicionando a las empresas a presentar un programa de reflotamiento, un nuevo cronograma de pagos y el reconocimiento de sus obligaciones hasta el 30 de junio ante el Indecopi.
Sin embargo, de acuerdo a dicho programa a los trabajadores sólo de Pomalca, que son por lo menos 6.000, se le habarían programado pagos hasta el 2022. Mientras que la Sunat y Essalud recién cobrarían el 2031 y 2032, lo mismo que las AFP y los centenares de acreedores comerciales. Entonces ¿A quienes beneficia está norma al Grupo Oviedo o a los trabajadores?
¿DE QUIÉN ES ESE INGENIO AZUCARERO EN EL NORTE?
La crisis de los prósperos ingenios azucarera del Norte del país se inició - según el analista político, César Campos, – en la década del 70, cuando el General Velasco Alvarado las nacionaliza y las convierte en cooperativas, para que sean administradas por los mismos trabajadores. Desde esa época hasta la década del 90, las principales industrias de caña como Pomalca Tumán y Cayaltí, ubicadas en Lambayeque, mientras Casa Grande y Cartavio, en La Libertad, estaban en bancarrota y sumidas en disputas internas por diferentes facciones que tentaban en administrar la directiva de cada industria.
Frente a este panorama, el otrora presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, le cambio de razón social en 1996 a través de una ley para hacer viable su transformación a sociedades anónimas, tratando así de darle una solución a ese problema. Con esta disposición, comenzó el proceso de adquisición de las fábricas de caña casi de inmediato.
Al norte de Lima, ese mismo año Jaime Mur y Genaro Delgado Parker asumieron Paramonga — el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio fue su presidente del Directorio— para venderla después al grupo Wong. La siguiente sería San Jacinto que fue comprada por el grupo Picasso Candamo, en Áncash, que después sería transferida al grupo Gloria.
En La Libertad, Cartavio también se transformó en una sociedad anónima, llamada Azucagro, y entre tanto la colombiana Manuelita compraba Laredo. Para 1999, todas las ex cooperativas del la región del norte, menos Casagrande, donde hervía un problema interno, habían sido vendidas. Más adelante, el grupo Gloria obtendría Cartavio y Casagrande, convirtiéndose en el principal productor de caña de la zona.
Sin embargo, los nuevos dueños se encontraron con problemas al interior de esos ingenios azucareros, donde se habían formado mafias laborales, las que fabricaban deudas ficticias. Y por si fuese poco, reinaba la demagogia y la ineptitud entre los dirigentes de los diferentes sindicatos.
En La Libertada, a diferencia de Lambayeque, la formalización se dio de inmediato debido a que la base social de las azucareras trujillanas, de influencia aprista, eran más disciplinada que la de sus vecinas del sur. Tanto así que cualquier inversión que se le inyectaba, producían en grandes cantidades, por lo que la mayoría de empresarios que querían incursionarse en este rubro o comprar las industrias iban a esa zona.
En cambio, en Chiclayo, ya nadie quería participar porque las cosas funcionaban de manera distinta, como si se tratara de otra gente, de empresas de otro tipo y de otro país, lo que hizo que los capitales se retiran de ese territorio. Y una muestra de ello, es que quince años después del cambio de legislación, solo una de las empresas, Pucalá, llegó a ser adquirida por inversionistas extranjeros en 1999.
Cromwell Assets, una offshore panameña representada por Jaime Mur, fue quien la dirigía. Tras acumular broncas y deudas —hasta ahora no la paga—, Mur tiró la toalla en el 2004, y Pucalá pasó a manos del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), en calidad de administrador judicial. Aunque el CLAN reflotó la empresa poniéndole capital de trabajo, no eliminó las deudas y la violencia continuó, porque los socios se pelearon. Desde 1996, ya han muerto hasta la fecha más de 21 personas durante refriegas internas en Pucalá.
Precisamente, el representante de este consorcio, el Olivio Huancaruna, tenía acciones en Pomalca, que a su vez había comprado a Martín Aguayo, un conocido acopiador de participaciones laborales en Lambayeque y La Libertad. Pomalca resultó inmanejable para Huancaruna y por eso le ofreció su parte al experimentado comerciante de azúcar Edwin Oviedo.
Así, que el empresario cuzqueño le compra en el 2002 las acciones de Huancaruna en Pomalca. Pese a ello, el grupo Oviedo recién pudo tomar el control del ingenio de caña en el 2005, tras lidiar ocho meses de incertidumbre: huelgas, vandalismo, indisciplina, violencia. Si bien la protección patrimonial lo blindaba – impedía la ejecución de embargos judiciales –, no le garantizaba el éxito en esas circunstancias.
Sin embargo, también se hizo de un porcentaje de acciones de Tumán —donde los trabajadores tienen la mayoría—. Por ahora administra ambos Directorio, que hacen el 19% de la caña nacional. Para que tanto la Sunat, ONP y Essalud, no les quiten las empresas, Edwin Oviedo ha tenido que movilizarse, junto centenares de trabajadores, cada fin de año al Parlamento y al Poder Ejecutivo para que le prorroguen la ley de protección patrimonial como ocurrió el pasado 27 de abril del 2011.
Lo cierto es el Grupo Gloria querría adquirir este año – según testigos – Pomalca, Tumán o Cayaltí, lo que ha hecho que Oviedo mueva cielo y tierra para aferrarse a las acciones de estas tres industrias. Para lo cual, presiono al Gobierno Central y al Legislativo para que nuevamente lo beneficien con la “ley Oviedo”.
OPINAN SOBRE “LEY OVIEDO”
Congresista de la Bancada Fujimorista, Rolando Souza: “Esta norma perjudica al sector en general debido a que no pagan sus obligaciones como todas las empresa. No es bueno para los interese del país, debe cambiar”.
Congresista de Alianza Parlamentaria, Carlos Bruce: “Este dispositivo tiene nombre propio (Oviedo), por lo que el Estado debe vender sus acciones de estas empresa y dejar que Indecopi resuelva está crisis, si no siempre tendrá que dar esos beneficios”.
Congresista de Apra, Gonzáles Posada: “Estoy en contra porque yo no creo que se deban dar durante 8 años regimenes de excepción – bajo preció –con amenazas, con manifestaciones y con lobby. Yo estoy en contra de esa medida. Ni yo ni Mauricio Mulder estuvimos a favor de esa norma”
Congresista del Apra, Jorge del Castillo: “Es una norma que salva principalmente a los trabajadores azucareros, quienes se quedan desamparados, si embargan las empresa. Ellos siempre tienen las de perder”.
