Fuente: La República
En los últimos años, los conflictos sociales en
el Perú se han convertido en un
problema insostenible
para los gobernantes, quienes no han
podido gestionar ni resolver esta compleja situación que, hasta el momento, ha provocado decenas de muertos y
heridos1, así como cuantiosas pérdidas económicas en el sector privado y público. Estos
problemas, por desgracia, sólo a inicios de este siglo, han aumentado en más
del 300% en todo territorio nacional
(Luque, 2012: 37).
Tienen como principales
actores en conflicto a las fuerzas de la
sociedad, del mercado y del Estado, quienes se enfrentan al percibir que
sus intereses están amenazados. Se caracterizan
por ser extremadamente violentos y de larga duración; lo que muchas veces
genera escenarios de riesgo para los derechos fundamentales de la persona
humana. Se manifiestan en un contexto en que se privilegia el modelo de crecimiento económico y no el de desarrollo
social sostenible.
Estos conflictos surgen
por claras causas estructurales, marcadas por la dominación, la
dependencia, el subdesarrollo, la
marginalidad y las asimetrías sociales, que
profundizan las desigualdades
entre los diferentes sectores de la población; además de dividir la sociedad y
retrasar el ideal democrático del Estado.
Un breve
repaso por la historia del Perú permite constatar que los conflictos sociales
siempre fueron una situación constante en su estructura social. Sus orígenes se
remontan hacia la colonia, periodo en que se impone un sistema de gobierno estamental
que se caracterizó por explotar y marginar a las grandes mayorías, en
beneficio de unos cuantos. "Por la
índole misma de la conquista, la herencia andina resultó marginada.
Problema crucial que, desde el 16 de noviembre de 1532, constituye la causa
fundamental de una crisis continuada y que está aún por resolverse" (Matos
Mar, 1984:25).
Desde
entonces, los menos favorecidos,
organizados en movimientos sociales,
han luchado por cambiar esta rígida estructura de gobierno, basada en la relación
de dominación y subordinación. Durante el Virreinato y la República, estas acciones han generado
grandes conflictos de tipo políticos institucionales 2, entre el
Perú oficial y el Perú marginado. Dichas medidas, también, [...] buscaban
nacionalizar la sociedad peruana [...] y reivindicar los derechos de la población indígena (Cotler, 1978:336).
Esta demanda popular se materialializó - no del todo
-, en la década del 60, durante el
gobierno del general Juan Velasco Alvarado, quien, al llegar al poder, realiza
algunas reformas sociales a favor de las grandes mayorías. Pero, en ese
proceso, estas medidas fracasan porque generan una crisis política y económica
en el país, lo que frustra las
pretensiones - de inclusión - del Perú marginado. Este hecho polariza la
sociedad y refuerza, en algunas
organizaciones de izquierda, la tesis
de que la única forma de solucionar los problemas del país era tomando el
poder, a través de las armadas.
Esta idea alienada del marxismo, que condenaba el
entonces status quo, desencadenó, en la década del 80 y parte del 90, el
conflicto más sanguinario y violento ocurrido en toda la historia del país,
entre el Perú oficial y el Perú
marginado. Esta guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano [...]
provocó la muerte de cerca de 70 mil personas, de los cuales el 75%
eran campesinos, como lo sostiene la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Este hecho da cuenta de la discriminación
racial y clasista; [...] (Cotler, 2005: 42). En estos enfrentamientos, también
participó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Finalizado este conflicto, la sociedad se polarizó por las secuelas dejadas por la
violencia política. Pero sobre todo, por
la exclusión social y la discriminación étnica - racial que, a
pesar de haber sido adquiridas en la colonia, aún se hallaban en la
organización social del Estado. A este
escenario crítico se sumaron, también, los grandes actos de corrupción, cometidos por
funcionarios y magistrados en las
instituciones públicas, durante el gobierno de Alberto Fujimori; así
como la imposición de un modelo económico neoliberal, que generó grandes luchas
sociales en el territorio.
De este modo, en este siglo XXI se heredó un país
fraccionado, debilitado en sus
estructuras de intermediación política, con enormes pérdidas económicas [...] y
en sus oportunidades, así como una extendida desconfianza interpersonal y hacia
el Estado. Ciertamente, estas secuelas se sienten más vivamente en algunas
zonas del país (Luque, 2012:9).
Este panorama, en los últimos años, obligó a algunos presidentes a realizar
ciertas reformas sociales y políticas en la estructura del Estado, para
cambiar, de ese modo, ese contexto, y consolidar el sistema democrático. Sin
embargo, estas medidas, que han generado una
percepción de cierto bienestar en el país, no han solucionado los
problemas sociales de fondo - como la
marginalidad y el subdesarrollo -, debido a que, en ese proceso, no se modificó el modelo de libre mercado, que
privilegia el crecimiento económico y no el de desarrollo social sostenible.
Esta decisión, en los primeros años de este siglo,
ha ocasionado una treintena de conflictos sociales en todo el territorio
nacional, siendo las más constantes e intensas: las de tipo
socioambiental. Éstas se han ido
incrementándose considerablemente, con
el paso de los años, debido a que los
actores económicos (Estado, empresa/ inversiones) pretenden ir más allá de la
capacidad que tiene la sociedad de
controlar y regular sus actividades, en función del bien común (Jhon Ruggier) 3.
Este tipo de conflictos, según la Defensoría del Pueblo, en el 2004
alcanzaba a 4 regiones del país, en el
2005 pasaba a ser 7; el 2006, 12; durante el 2007, 15; en el 2008 alcanzó a 19
regiones; en el 2009 a 23 y en el 2010 aumentó a 24 regiones (Luque ,2012:37). Durante esta primera
década, los más críticos y recordados son: el "Arequipazo", ocurrido
en Arequipa (2002); "Espinar", en Cuzco (2002); el caso
"Ilave", en Puno (2004); el
"Moqueguazo", en Moquegua (2008); el
"Baguazo"(2009), en Amazonas, entre otros.
De todos ellos, este último fue el más grave porque
provocó la muerte de 34 personas - 24 policías y 10 civiles -, cifra que
representa, hasta el momento, el número más alto de fallecidos, en este siglo.
Pero, sobre todo, porque mostró el verdadero rostro racista y autoritario del
Estado peruano que, durante este conflicto,
violó los derechos fundamentales de los indígenas y no respetó los dispositivos del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con el derecho de
consulta a las comunidades indígenas.
BIBLIOGRAFÍA
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